Han pasado varios días desde que el Tribunal Supremo hiciese público su fallo tras el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Con cinco votos a favor y dos en contra, los magistrados condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por daños morales.

Las reacciones fueron instantáneas. Mientras el PP pedía la dimisión de Pedro Sánchez, al que acusaba de utilizar los poderes del Estado en su propio beneficio, desde el Gobierno y el PSOE respetaban la sentencia, pero no la compartían.

Para la politóloga Arantxa Tirado, "estamos viviendo fenómenos paranormales" que, quizás, "si estudiamos la historia reciente podemos tener pistas de por qué está pasando esto". En 'El Gabinete' de 'Julia en la onda', Tirado explica que esta condena "sirve como ejemplo emblemático de los límites de esa Transición a la que se están haciendo tantas loas" porque, en su opinión, "no hay una democracia consolidada y no hay una separación de poderes, ya que lo que pasó en la Transición fue que no se depuró ni se hizo una democratización absoluta de ciertos poderes del Estado".

"Se hizo un diseño de cómo se tenía que elegir el CGPJ que nos lleva hasta el punto en el que hay gente que puede predecir que un juez pueda dictar una sentencia en un sentido u otro. Se da el fallo y luego se elabora la sentencia para que encaje, y eso es 'lawfare'", afirma. A su juicio, el 'lawfare' se produce por un "sesgo cognitivo ideológico que tienen los jueces, algo que ya han dijo magistrados como Martín Pallín, que dijo que no eran conservadores, sino activistas políticos del PP".

"Sea como fuere, el caso es que el Poder Judicial tiene un sesgo conservador que conecta con lo que no se hizo y que se expresa en este caso, y esto es un 'lawfare' que va con un objetivo mayor, que es el presidente del Gobierno al que se está tratando de hacer el caso con este caso, con el de su hermano y su mujer", sentencia.